Juicio ICE-Alcatel
Proceso judicial por caso de corrupción en Costa Rica destapado en 2004 / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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El juicio ICE-Alcatel fue un proceso judicial en Costa Rica entre el 19 de abril del 2010[1] y el 19 de agosto de 2016[2] para juzgar el supuesto mal manejo de 800 mil dólares de la firma de comunicaciones francesa Alcatel al entonces presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), 900 mil dólares al expresidente José María Figueres Olsen,tras un contrato con el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Tras una serie de sentencias y vergonzosas apelaciones en diferentes instancias, Rodríguez Y Figueres fueron absueltos cuando la Sala Penal (o Sala Tercera) declaró en agosto de 2016 inadmisible un recurso de la Fiscalía General de la República contra una sentencia absolutoria de diciembre de 2015.
Al inicio del proceso, el expresidente Rodríguez tenía menos de un mes en su cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos en 2004 cuando fue arrestado como sospechoso de corrupción.[3] En abril de 2011, fue condenado a cumplir 5 años de cárcel por corrupción agravada, pero en 2012 el Tribunal de Apelación de Sentencia anuló la condena. Posteriormente, la Sala Tercera ordenó la revisión del caso en 2014, tras la que el Tribunal de Apelación emitió una nueva sentencia absolutoria en diciembre de 2015. Finalmente, el Ministerio Público (o Fiscalía) presentó un recurso ante la Sala Tercera para impugnar esta última sentencia, a lo que dicha Sala indicó que el recurso no era admisible por ausencia de requisitos formales.[2]
El expresidente Rodríguez aseguró, después de su absolución en 2016, que el proceso se trataba desde un inicio de una "persecución infame" de la Fiscalía y del expresidente Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006).[4] Por el contrario, el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, aseveró en la misma fecha que con el resultado se estaba "dejando un puente de oro para todos los corruptos" y lo declaró un fracaso para Costa Rica, ya que la Sala Tercera rechazó el último recurso sin conocer sus argumentos.[5]
El caso fue develado por los periodistas Giannina Segnini, Ernesto Rivera y Mauricio Herrera en el diario La Nación, trabajo por lo que recibieron el premio Premio Ortega y Gasset en 2005.[6] Junto al caso Caja-Fischel, que involucró al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), es considerado uno de los factores que debilitó al Partido Unidad Social Cristiana y al bipartidismo en Costa Rica.