Aborto en México
Estatus legal, historia, procesos, procedimientos, cifras y encuestas sobre el aborto en México / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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El aborto en México, referido al aborto inducido, se encuentra despenalizado (de facto). Desde septiembre de 2021, la penalización del aborto consentido es inconstitucional por lo que ningún juez en las 32 entidades federativas del país, sin importar lo que se señale en la ley, puede condenar a ninguna mujer o persona por interrumpir su embarazo.[1][2] Así mismo, desde septiembre de 2023 es inconstitucional la criminalización del aborto voluntario en la normatividad federal.[3] Sin embargo, su legalización (de iure) y armonización aún depende de la voluntad de cada entidad federativa que compone la República Mexicana. Su práctica ha sido gradualmente liberalizada por medio de diferentes demandas ciudadanas, fallos judiciales y cambios legislativos a la normatividad penal, de salud y contra la violencia sexual (tanto a nivel local como federal). Desde junio de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación facilitó la impugnación constitucional de cualquier ley que penalice al aborto consentido por medio de amparo.[4] Por lo que desde septiembre de 2023, esa misma autoridad jurisdiccional y constitucional abrió la puerta para la derogación de todos los artículos que lo criminalicen en el Código Penal Federal.[5]
A excepción del aborto por violación (protegido por diferentes sentencias de la SCJN), el poder legislativo de cada entidad es autónomo para determinar los supuestos bajo los cuales los servicios públicos y privados de salud pueden realizar un aborto legal en su territorio, toda vez que no contravengan las cláusulas federales. Algunas entidades señalan plazos para realizar el procedimiento, que generalmente son los primeros 90 días, 12 semanas o 3 meses de gestación; a excepción del aborto por violación, pues debe realizarse en cualquier momento del embarazo.[6][7] Las entidades tampoco pueden imponer leyes que menoscaben los derechos sexuales y reproductivos de las personas ya nacidas, ni adicionar trabas al aborto voluntario. Menos aún, pueden definir cuando inicia la vida, ni dotar de personalidad jurídica a los productos de la gestación.[8][9] Igualmente, la objeción de consciencia debe estar perfectamente limitada para que el personal médico y de enfermería puede ejercer su derecho, pero sin menoscabar los derechos de las y los pacientes.[10][11]
De manera general (a excepción de la Ciudad de México) hasta finales de la década de 2010 e inicios de la década de 2020, acceder a un aborto legal no era sencillo. Jo Tuckman del periódico The Guardian, señalaba que en la práctica había pocos estados que lo facilitaran, aunque a veces tampoco procesaban a los médicos que ofrecían opciones clandestinas, tanto seguras para las personas adineradas como potencialmente fatales para las personas pobres.[12][13] Históricamente, las élites mexicanas han tenido una propensión hacia el conservadurismo, la estigmatización y el autoritarismo. Algunas asociaciones, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aún reportan opacidad en el poder judicial y en las fiscalías locales, incluidas las entidades donde el aborto electivo es legal, así como numerosos abusos e irregularidades que afectan sobre todo a las personas más pobres y vulnerables.[14]
No obstante, esta tendencia restrictiva ha ido cambiando lentamente debido al empuje que las asociaciones, colectivas y organizaciones feministas a favor del aborto legal han venido realizando desde hace varias décadas. Igualmente, en las primeras décadas del siglo XXI se observa un cambio cultural en la sociedad, sobre todo entre las personas más jóvenes, que favorecen una tendencia mucho más progresista. México forma parte de los países latinoamericanos donde el movimiento de la marea verde se ha implementado satisfactoriamente. La labor de todos estos actores ha escalado hasta encontrar algunos aliados y aliadas en las autoridades e instituciones del Estado mexicano.[15] Sin embargo, el tema del aborto sigue sin ser totalmente aceptado por toda la ciudadanía. El rechazo principal aún proviene de las asociaciones religiosas (sobre todo de la Iglesia Católica y de las Iglesias Evangélicas) y de los partidos políticos de tendencia conservadora.[16][17]