Violaciones de derechos humanos en Sinkiang
persecución y violaciones de los derechos humanos del pueblo uigur en el noroeste de China bajo la administración de Xi Jinping / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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Las violaciones de derechos humanos en Sinkiang son una serie de abusos que el gobierno chino ha cometido contra los uigures y otras minorías étnicas y religiosas en la región autónoma de Sinkiang que activistas y medios, sobre todo occidentales han denunciado. A partir de 2014, el gobierno chino, bajo la administración del secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh), Xi Jinping, encarceló a más de un millón de musulmanes túrquicos sin ningún proceso legal en campos de internamiento.[6][7][8][9] Las operaciones de 2016 a 2021 fueron dirigidas por el secretario del PCCh de Sinkiang, Chen Quanguo, quien aumentó drásticamente la escala y el alcance de los campos.[10] Es la mayor detención a gran escala de minorías étnicas y religiosas desde la Segunda Guerra Mundial.[11][12] Los expertos estiman que, desde 2017, unas dieciséis mil mezquitas han sido destruidas o dañadas[10] y cientos de miles de niños han sido separados por la fuerza de sus padres y enviados a internados.[13][14]
Genocidio uigur | ||
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Ubicaciones de los Campos de internamiento de Sinkiang en noviembre de 2020. | ||
Ubicación | Sinkiang, República Popular China | |
Fecha | 2014 - presente | |
Perpetradores | República Popular China | |
Víctimas | Uigures, kazajos, kirguises y otros musulmanes chinos. | |
Cifra de víctimas |
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Las políticas gubernamentales han incluido la detención arbitraria de uigures en campos de internamiento patrocinados por el estado,[15][16] trabajos forzados,[17][18] supresión de prácticas religiosas uigures,[19] adoctrinamiento político,[20] malos tratos severos,[21] esterilización forzada,[22] anticoncepción forzada,[23][24] y aborto forzado.[25][26] Las estadísticas del gobierno chino informaron que entre 2015 y 2018, las tasas de natalidad en las ciudades mayoritariamente uigures de Jotán y Kasgar cayeron más del 60%.[22] En el mismo período, la tasa de natalidad de todo el país disminuyó en un 9,69%.[27] Las autoridades chinas reconocieron que las tasas de natalidad se redujeron en casi un tercio en 2018 en Sinkiang, pero negaron los informes de esterilización forzada y genocidio.[28] Las tasas de natalidad en Sinkiang cayeron un 24% más en 2019, en comparación con una disminución nacional del 4,2%.[22]
Estas acciones han sido descritas como la asimilación forzada de Sinkiang, como un etnocidio o genocidio cultural,[29][30] o incluso como genocidio. Quienes acusan a China de genocidio señalan actos intencionales cometidos por el gobierno chino que, según dicen, contravienen el artículo II de la Convención sobre Genocidio,[31][32][33] que prohíbe los «actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente», un «grupo racial o religioso», incluidos «causar daños físicos o mentales graves a los miembros del grupo» y «medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo».[34]
El gobierno chino niega haber cometido abusos contra los derechos humanos en Sinkiang.[11][35] En una evaluación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la organización declaró que las políticas y acciones de China en la región de Sinkiang pueden ser crímenes de lesa humanidad, aunque no utilizó el término genocidio.[36][37] Las reacciones internacionales han variado. En 2020, 39 Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) emitieron declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos criticando las políticas de China, mientras que 45 países apoyaron las «medidas de desradicalización en Sinkiang» de China y se opusieron a «la politización de las cuestiones de derechos humanos y la doble moral».[38] En diciembre de 2020, se desestimó un caso presentado ante la Corte Penal Internacional porque los presuntos delitos parecían haber sido «cometidos únicamente por ciudadanos de China dentro del territorio de China, un Estado que no es parte del Estatuto de Roma», lo que significa que la CPI no puede investigarlos.[39][40] Estados Unidos ha declarado los abusos contra los derechos humanos como un genocidio, anunciando su decisión el 19 de enero de 2021.[41][42] Desde entonces, las legislaturas de varios países han aprobado mociones no vinculantes que describen las acciones de China como genocidio, incluida la Cámara de los Comunes de Canadá,[43] el parlamento de los Países Bajos,[44] la Cámara de los Comunes del Reino Unido,[45] el Seimas de Lituania,[46] y la Asamblea Nacional de Francia.[47] Otros parlamentos, como los de Nueva Zelanda,[48] Bélgica,[49] y la República Checa condenaron el trato del gobierno chino a los uigures como «graves abusos de los derechos humanos» o crímenes contra la humanidad.[50]