Poder judicial de la República Democrática Alemana
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El poder judicial de la República Democrática Alemana estaba configurado, conforme a la teoría legal del marxismo-leninismo, como un órgano de ejecución de la voluntad del Partido Socialista Unificado de Alemania (en español, PSUA; en alemán, SED), por contraste con la función de control de la actuación administrativa y de juicio y ejecución de las resoluciones judiciales común en las democracias liberales.[1] Mientras que en estos regímenes prima la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, los fines jurídicos del derecho en la RDA eran la convivencia ordenada y pacífica de los ciudadanos.[1]
En el orden privado y en delitos comunes, la justicia de la RDA se caracterizaba por su flexibilidad y por una relación de proximidad entre los órganos judiciales y las partes, motivada por la voluntad de jueces y magistrados de involucrarse en las causas que ante ellos se presentaban.[1] Sin embargo, en materias políticas, la regla era la obediencia estricta a la línea de partido. En ambos casos, era común el quebranto de las garantías procesales.[1] En los casos más significativos, el partido se encargaba de supervisar y de enmendar la acusación presentada por el Ministerio Fiscal; para otros supuestos, el partido tenía otros mecanismos de influencia.
En los últimos años de la RDA, la práctica judicial pasó a ser más regular y coherente con respecto al procedimiento y el uso de la jurisprudencia, si bien los órganos judiciales recibían instrucciones de un órgano de gobierno secreto con representantes del Ministerio Público, el Tribunal Supremo y el Comité Central del Partido. Esto contrastaba con la evidente intervención del SED en el poder judicial de los años 50, donde las sentencias ya habían sido preparadas de antemano en casos como el de los juicios de Waldheim. La Stasi también informaba puntualmente a la Secretaría General del Partido del curso de tramitación de causas particulares, y su influencia era notoria en algunos procesos, como los llevados a cabo contra neonazis en los años ochenta.[2]
Conforme a la teoría socialista del Estado y del Derecho, que formaba parte de los currículos de las facultades de Derecho de la RDA, el aparato del Estado, formado por la burocracia, la policía, el ejército y el poder judicial, era un instrumento de poder de las clases dominantes, y la legislación, el reflejo de su poder, conforme al concepto marxista de la superestructura. Los órganos y procedimientos judiciales de la RDA se estructuraban de acuerdo con esta teoría, formando parte de la dictadura del proletariado, legitimada por una democracia socialista que propugnaba los derechos de sufragio y petición como fuente de su poder. La unificación forzada del Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata en el SED hizo del nuevo partido el “único representante de la clase obrera”, lo que influyó en la producción normativa y la composición de los órganos judiciales del país.