Privatización ferroviaria en Argentina
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La privatización ferroviaria en Argentina fue un proceso comenzado en 1990 durante la presidencia de Carlos Menem, tras la aprobación de la Ley de Reforma del Estado que autorizaba al ejecutivo a privatizar y disolver entes estatales.
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Desde la nacionalización de los ferrocarriles[lower-alpha 1] en 1946 y 1947 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, la red había sido operada por la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos (FA), que abarcaba las seis divisiones relativamente independientes, los ferrocarriles Sarmiento, Mitre, Urquiza, San Martín, Belgrano y Roca.
Antes de la privatización, FA tenía una red nacional de alrededor de 35 000 kilómetros y 92 000 empleados y un déficit operativo de 450 millones de dólares por año (cuyo valor actualizado por inflación al 2020 es de casi 850 millones de dólares).[1] En la práctica, la red de vías férreas existentes presentaban un gran deterioro en su infraestructura, incluyendo locomotoras y vagones de carga y pasajeros. Este escenario, combinado con la baja densidad demográfica y la creciente necesidad de recursos financieros para subsidiar su funcionamiento, hicieron de la privatización de los ferrocarriles una salida con resultados mayoritariamente positivos a la crisis que presentaba el sector. Esto condujo a que la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos prestara un servicio totalmente ineficiente e inclusive riesgoso por la obsolencia del material, lo que llevó a que la demanda se redujera significativamente en pasajeros y cargas[2].
Al mismo tiempo, el cierre de miles de kilómetros de vías ferroviarias dejó a miles de pueblos aislados, condenando a muchos de ellos a su casi completa desaparición.
El plan consistía en dividir la red en segmentos y otorgar concesiones a empresas privadas para su explotación mediante licitación. Los servicios de carga y de pasajeros se separaron y, ya que la mayoría de los servicios interurbanos de pasajeros presentaban necesidades de inversión y mantenimiento no sustentables para el Estado y no rentables para el sector privado, el Gobierno ofreció estas a las provincias. Los servicios de pasajeros de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo las cinco líneas del subterráneo, eran potencialmente más viables y fueron tratados por separado.
En 2024, con la llegada del gobierno Libertario de Milei, las privatizaciones volvieron a la agenda pública al aludir que todas las empresas públicas nacionales. En febrero de 2024 el ministro de economía Caputo afirmó que la nueva Ferrocarriles Argentinos, opera con un déficit diario de 3.000.000 de dólares.[3]