Sanciones internacionales durante la crisis en Venezuela
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Varias sanciones durante la crisis en Venezuela han sido aplicadas contra individuos por la comunidad internacional durante la presidencia de Nicolás Maduro como respuesta a la represión de las protestas en Venezuela de 2014, las protestas de 2017 y las protestas de 2019 y 2020, así como también las acusaciones de imposición desde el ejecutivo de una Asamblea Constituyente (ANC) controlado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para usurpar las atribuciones, competencias, funciones y potestad legislativa de la Asamblea Nacional de Venezuela, y la celebración anticipada de las calificadas como ilegítimas elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las elecciones parlamentarias por parte de la ANC. Las sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, el Consejo Moral Republicano (integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo) y Fidel Ernesto Vásquez quien era Secretario General de la disuelta ANC, miembros de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad y empresas privadas acusados de estar involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, degradación del Estado de derecho y represión de la democracia. En 2017 Venezuela pasaba por una hiperinflación; el Banco Central dejó de informar desde 2016 las variables económicas, el país sufría una recesión económica desde el 2014[1] y los indicadores de riesgo-país subieron, cayeron en default más adelante.[2][3]
Para marzo de 2018, la oficina de Washington para Latinoamérica declaró que 78 venezolanos asociados con Maduro habían sido sancionados por diversos países.[4] En abril de 2019, los Estados Unidos sancionó a más de 150 empresas, embarcaciones e individuos, además de revocar las visas de 718 individuos asociados con Maduro.[5]
Las sanciones incluyeron el congelamiento de las cuentas y bienes de los individuos, la prohibición de transacciones con los mismos, confiscación de bienes, embargos de armas y prohibiciones de viaje. David Smolansky ha declarado que las sanciones se enfocaban en Maduro y en las élites del chavismo, mientras que tenían poco impacto en los venezolanos promedio,[6] y The Washington Post describió que las carencias en Venezuela preceden desde hace mucho, que las sanciones de Estados Unidos impuestas recientemente.[7]
Durante la crisis presidencial de Venezuela, Estados Unidos y la Unión Europea aplicaron sanciones adicionales a las industrias del petróleo, el oro, la minería y la banca. Un reporte de las Naciones Unidas reporta que a pesar de que las nuevas sanciones podían empeorar la crisis en Venezuela, "la crisis socioeconómica llevaba varios años desarrollándose previo a la imposición de las sanciones".[8][9]
En abril de 2019, Human Rights Watch y la Facultad de Salud Pública de Johns Hopkins Bloomberg publicaron un reporte conjunto observando que las sanciones iniciales no estaban dirigidas a la economía venezolana de ninguna manera,[10] agregando que las sanciones impuestas en 2019 podían empeorar la situación, pero que "la crisis las precedía".[10]
La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Canadá, Panamá y otros países latinoamericanos son los que han aplicado medidas.
Después de las sanciones, Venezuela ha seguido enviando petróleo y enviando dinero a países aliados, enviando petróleo a Cuba y pagando la deuda de San Vicente y las Granadinas con Petrocaribe en 2022.[11][12]