Campos de concentración franquistas
campos de concentración durante la dictadura de Francisco Franco / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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En la España franquista funcionaron, al menos, entre cerca de doscientos y trescientos campos de concentración desde 1936 hasta 1947, algunos con carácter estable y otros muchos provisionales.[1][2] La red de campos era un instrumento de la represión franquista.[3][4]
Terminaban en estos campos de concentración desde excombatientes republicanos del Ejército Popular, las Fuerzas Aéreas y la Marina de Guerra, hasta disidentes políticos y sus familiares, indigentes, independentistas marroquíes, homosexuales,[5] judíos,[6] gitanos y presos comunes. Las Comisiones Clasificatorias que funcionaban en los campos eran las que determinaban el destino de los internados: los declarados «afectos» eran puestos en libertad; los «desafectos leves» y sin responsabilidades políticas eran enviados a los batallones de trabajadores; y los «desafectos graves» iban a prisión y estaban a disposición de la Auditoría de Guerra para ser procesados por un tribunal militar. Los clasificados como «delincuentes comunes» eran enviados también a la cárcel. Según las cifras oficiales de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, al finalizar la guerra civil había internados en los alrededor de cien campos existentes entonces 177 905 soldados enemigos prisioneros pendientes de clasificación procesal ―la Inspección informaba también de que hasta entonces habían pasado por los campos 431 251 personas―.[7]
Al igual que en otros muchos campos de concentración, los prisioneros estaban jerarquizados de tal modo que presos comunes violentos (por tanto sin motivaciones políticas o ideológicas) estaban en un escalón superior a la mayoría de los allí encerrados, trabajando de vigilantes (cabos de vara) de estos últimos. A pesar de la destrucción masiva de documentación sobre ellos, estudios afirman que los campos se caracterizaron por la explotación laboral de los prisioneros, organizados en batallones de trabajadores.[8]
Hay consenso entre los historiadores en afirmar, según testimonios de supervivientes, testigos y los propios informes oficiales franquistas, que las condiciones de internamiento «eran, en líneas generales, atroces».[9] A esto se añadió el hecho de que los sublevados no reconocían a los soldados republicanos como prisioneros de guerra, con lo que nunca se les aplicó el Convenio de Ginebra de 1929 firmado años antes por el rey Alfonso XIII en nombre de España. La ilegalidad en el trato a los reclusos se materializó en el uso de prisioneros para trabajos militares (prohibido explícitamente por la Convención), la preventividad generalizada (internamiento sin condena alguna), uso de la tortura para obtener testificaciones y delaciones, y ausencia de garantías judiciales.[10] Respecto a la oficialidad que administraba los campos, se ha destacado asimismo la corrupción generalizada imperante, que permitió el enriquecimiento de muchos militares y agravó el sufrimiento de los internados bajo su custodia.[11]