Juicio a los líderes del proceso independentista catalán
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El juicio a los líderes del proceso independentista catalán, legalmente llamado Causa Especial 20907/2017 y popularmente conocido como el juicio del procés, fue un proceso judicial en el que dichos funcionarios fueron acusados de los delitos de rebelión, sedición, usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación de fondos públicos y cuya fase de juicio oral se celebró durante los primeros meses de 2019 en el Tribunal Supremo de España. El tribunal estaba compuesto por siete magistrados y presidido por Manuel Marchena.[1][2][3][4][5][6]
Juicio a los líderes del proceso independentista catalán | ||
---|---|---|
Tribunal Supremo | ||
Tribunal | Tribunal Supremo de España | |
Caso | 20907/2017 | |
Nombre completo | Causa Especial 20907/2017 | |
Fecha | febrero de 2019 | |
Jueces |
Manuel Marchena (presidente) Antonio de Moral García Luciano Varela Andrés Martínez Arrieta Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Ana María Ferrer García Andrés Palomo del Arco | |
Anteriormente, el juez Pablo Llarena coordinó una instrucción entre octubre de 2017 y julio de 2018, a raíz de la cual se abrió acusación a 18 personas, incluyendo la práctica totalidad del gobierno de Cataluña presidido en 2016-2017 por Carles Puigdemont, así como a los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a la presidenta del Parlamento Carme Forcadell y a varios miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Varios procesados se encontraron en situación de prisión preventiva sin fianza.[4]
Durante la vista previa, y a petición de las defensas de los acusados, el tribunal decidió devolver la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en los casos de acusados exclusivamente de desobediencia. Estos acusados son Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Mireia Boya.[7]
En paralelo, y en el sumario 7/2018 de la Audiencia Nacional, también se imputó a la cúpula del Cuerpo de Mozos de Escuadra, si bien en octubre de 2020 fueron absueltos de todos los cargos por los sucesos del 20 y 21 de septiembre del 2017 y el referéndum soberanista del 1 de octubre del mismo año.
La Fiscalía Provincial de Barcelona presentó querella contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que tenía que auditar el referéndum de independencia de Cataluña de 2017. La acusación fue por los delitos de usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación de fondos públicos.[8]
El lunes 14 de octubre de 2019 se dio a conocer la sentencia firme, en la que se condenó a penas de 9 hasta a 13 años de prisión a los enjuiciados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.[9][10][11]
El 22 de abril de 2021 el Tribunal Constitucional desestimó (por 7 votos contra 2) el recurso presentado contra la condena por sedición, lo que abrió la puerta a que los condenados pudieran presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.[12]
El 22 de junio de 2021 el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos presidido por Pedro Sánchez indultó a todos los condenados.[13] Los nueve que estaban en prisión salieron de la cárcel al día siguiente.[14]