Carrusel de la contratación
caso de corrupción política en Bogotá, Colombia / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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El escándalo del Carrusel de la contratación es un caso de corrupción política desarrollado en la ciudad de Bogotá (Colombia), llevado a cabo durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas, perteneciente al Polo Democrático Alternativo en el 2010. A mediados del año 2009 el entonces concejal Carlos Fernando Galán, denuncia en un debate en el concejo de Bogotá serias irregularidades en la contratación de las principales obras de la ciudad. Para esa fecha era claramente visible que las obras no se movían y para finales de ese año, en 2009, el Grupo Nule, principal contratista de las obras de Bogotá, hizo pública la noticia de que ese conglomerado se encontraba en serias dificultades financieras. A finales de ese mismo año 2009, la polémica estalló el 25 de junio de dicho año cuando salieron a la luz un pliego de denuncias, aportadas por el entonces senador Gustavo Petro, que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones por parte de Germán Olano, excongresista de la República, al empresario Miguel Nule Velilla, cuya empresa, que llevaba su apellido, manejaba gran parte de los contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en la capital colombiana.[1] La principal obra que se vio directamente afectada por dichas negociaciones irregulares fue la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio, la cual presentó más de tres años de retraso.[2]
Carrusel de la contratación | ||
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La construcción de TransMilenio por la calle 26 fue adjudicada en 2009 y fue prevista para que fuera concluida en 2011. El retraso de la obra de casi tres años se convirtió en el símbolo del desfalco a los ciudadanos bogotanos por el Carrusel de la contratación. | ||
Tribunal | Corte Suprema de Justicia de Colombia | |
Caso | Corrupción política | |
Nombre completo | El escándalo del Carrusel de la contratación | |
Palabras clave | ||
Corrupción | ||
En el tiempo inmediatamente posterior, distintas instituciones jurisdiccionales iniciaron investigaciones que se acrecentaron a tal punto que varios políticos, empresarios, dirigentes del Instituto de Desarrollo Urbano[2] y hasta el mismo Alcalde de la ciudad se vieron involucrados. El Estado llegó a presentar un detrimento patrimonial cercano a 2,2 billones de pesos colombianos (unos 1.100 millones de dólares aproximadamente, a la tasa de 2011).[3][4]
El escándalo es considerado como uno de los más grandes en la historia reciente de Colombia.[5]