Corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori
casos de corrupción bajo investigación de altos funcionarios asociaciados al gobierno de Alberto Fujimori / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
Tras los casi diez años de gobierno de Alberto Fujimori, de 1990 a 2000, fue revelada una corrupción generalizada y sistemática que incluía malversación de fondos públicos y abuso de poder.[2][n 1] Según la Iniciativa Nacional Anticorrupción, esta corrupción no tenía precedentes en gobiernos anteriores.[3] Operaba en tres ámbitos: empresarial, político y militar,[4] e implicaba a unas 1600 personas,[5] entre políticos, personal de los medios de comunicación, empresarios y miembros del poder judicial.[6]
La red de tráfico de influencias se fortaleció con el sistema de cooptación utilizado para nombrar a los mandos de las Fuerzas Armadas, lo que aseguraba el control sobre la oposición.[7] En el centro de esta red se encontraba Vladimiro Montesinos, asesor presidencial de Fujimori, quien posteriormente asumió el cargo de jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).[8] Montesinos ejerció una influencia aún mayor después de que Fujimori diera un autogolpe,[9][10] cambiando el país hacia un modelo económico neoliberal, altamente propenso a riesgos financieros.[11] A lo largo de este periodo, se emplearon numerosas prácticas dudosas, como la privatización de empresas, la publicidad oficial de contenidos, el desvío de fondos dentro del despacho presidencial y la compra secreta de armas mediante decretos indocumentados.[2][12][13]
Las actividades delictivas florecieron durante la presidencia de Fujimori debido a la ausencia de auditorías exhaustivas,[14] la derogación de las normas contra el blanqueo de dinero y la incompetencia de las autoridades judiciales afiliadas que se encontraban implicadas en la red corrupta.[15][16] Además, la red se esforzó por impedir la enjuiciación del gobierno por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intentando retirar al país el reconocimiento de la jurisdicción del tribunal en 1999,[17][18] a pesar de que Perú no había ratificado su retirada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[19][20]
En consecuencia, se desató una crisis política en 1999, cuando la oposición denunció públicamente la corrupción, lo que provocó la dimisión de cinco ministros, entre ellos el de Trabajo, Jorge Mufarech.[21][22] El escándalo de corrupción se hizo notorio en 2000,[23] tras la dimisión de Fujimori, con la difusión de vídeos comprometedores y testimonios de otros ministros vinculados a él. Al final de su mandato, se iniciaron dos investigaciones paralelas. La primera, conocida como el caso Fujimori-Montesinos, se centró en el ámbito político y fue dirigida por el fiscal José Ugaz entre los años 2000 y 2002,[24] seguidamente por Luis Vargas Valdivia hasta el año 2004.[21][25] La segunda investigación se centró en el ámbito económico, específicamente en irregularidades en la privatización y financiación de empresas. Fue dirigida por la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros, presidida por Javier Diez Canseco entre los años 2001 y 2002,[26] y continuada por Ernesto Herrera al año siguiente.[27]
Los analistas, entre ellos Alfonso W. Quiroz, consideran la corrupción de Fujimori como uno de los momentos más graves de la historia de la república peruana.[28][29] La magnitud del problema de la corrupción queda patente en su alcance, que involucró múltiples ámbitos de poder y la perversión de las instituciones públicas durante la presidencia de Fujimori. En consecuencia, figuras políticas más recientes como Dina Boluarte han calificado el decenio de Fujimori como una década corrupta.[30] Mientras que periodistas como César Hildebrandt han señalado a Fujimori como el responsable de crear un sistema que corrompió al país.[31]