Miguel Ángel Rodríguez Echeverría
43° presidente de Costa Rica (1998-2002) / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (San José, 9 de enero de 1940) es un economista, empresario abogado, y político costarricense. Rodríguez fue ministro de planificación (1967-1970) y de la Presidencia (1970) y director del Banco Central durante la administración de José Joaquín Trejos (1966-1969), diputado de la Asamblea Legislativa en el período 1990-1994, mismo en que ejerció la Presidencia del Congreso, 43.er presidente de la república del 8 de mayo de 1998 al 8 de mayo de 2002 y fue elegido por unanimidad secretario general de la Organización de los Estados Americanos el 7 de junio de 2004, puesto al que voluntariamente renunció en octubre del mismo año para presentarse a enfrentar cargos judiciales en Costa Rica.
Miguel Ángel Rodríguez | ||
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43.er presidente de la República de Costa Rica | ||
8 de mayo de 1998-8 de mayo de 2002 | ||
Predecesor | José María Figueres Olsen | |
Sucesor | Abel Pacheco de la Espriella | |
Primera Vicepresidenta | Astrid Fischel Volio | |
Segunda Vicepresidenta | Elizabeth Odio Benito | |
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8.º secretario general de la Organización de los Estados Americanos | ||
15 de septiembre-15 de octubre de 2004 | ||
Predecesor | César Gaviria | |
Sucesor | Luigi R. Einaudi | |
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33.er presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica | ||
1 de mayo de 1991-30 de abril de 1992 | ||
Predecesor | Juan José Trejos | |
Sucesor | Roberto Tovar Faja | |
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Diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por el 1° puesto de la provincia de San José | ||
1 de mayo de 1990-Septiembre de 1993 | ||
Predecesor | Fernando Volio Jiménez | |
Sucesor | Alberto Cañas Escalante | |
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Ministro de la Presidencia de Costa Rica | ||
1 de abril-8 de mayo de 1970 | ||
Presidente | José Joaquín Trejos Fernández | |
Predecesor | Diego Trejos Fonseca | |
Sucesor | Carlos Coto Albán | |
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Director general de la Oficina de Planificación Nacional | ||
1967-1970 | ||
Presidente | José Joaquín Trejos Fernández | |
Predecesor | Alberto Di Mare Fuscado | |
Sucesor | Marco López Agüero | |
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Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Miguel Ángel Rodríguez Echeverría | |
Nacimiento |
9 de enero de 1940 (84 años) San José, Costa Rica | |
Residencia | San José, Costa Rica | |
Nacionalidad | Costarricense | |
Religión | Católico | |
Familia | ||
Padres |
Blanca Echeverría Velázquez Manuel Rodríguez Támara | |
Cónyuge | Lorena Clare Facio | |
Hijos | Miguel Alberto, Andrés y Ana Elena Rodríguez Clare | |
Educación | ||
Educado en | ||
Información profesional | ||
Ocupación | Economista y abogado | |
Tratamiento | Dr. | |
Empleador | Universidad de Costa Rica | |
Partido político | Partido Unidad Social Cristiana | |
Distinciones | ||
Firma | ||
Rodríguez fue un político de pensamiento económico liberal[1] que favorecía la disminución del Estado, el libre comercio, la apertura de los monopolios públicos y la construcción y mantenimiento de infraestructura pública con participación del sector privado, políticas que implementó desde su Presidencia. Su política social cristiana logró la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador que estableció un sistema multipilar de pensiones, así como la defensa de la madre y el niño con la Ley de Paternidad Responsable. En su gobierno enfrentó protestas sociales a raíz de su empeño por aprobar un paquete de leyes que abría los monopolios de telecomunicaciones y electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad que han sido vistas como un momento icónico de las movilizaciones populares costarricenses.[2]
Acusado de haber recibido sobornos de la firma francesa Alcatel para la adjudicación de contratos para telecomunicaciones, Rodríguez renunció a la Secretaría General de la OEA y voluntariamente regresó al país donde a su arribo previamente anunciado fue arrestado y procesado judicialmente por enriquecimiento y condenado a cinco años de prisión, sentencia que luego fue revocada y declarado inocente por dos sentencias unánimes del Tribunal de Apelación de Sentencias y otra de la Sala de Casación Penal. En las últimas sentencias se tomaron como válidas todas las pruebas que antes había sido declaradas ilegítimas.[3][4]