Proceso constituyente en Chile
Procesos sociales por una nueva constitucion de Chile / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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El proceso constituyente en Chile comprendió las diferentes iniciativas impulsadas entre 2015 y 2023 para reemplazar la Constitución Política de la República de Chile que fue promulgada en 1980 durante la dictadura militar dirigida por Augusto Pinochet.
Desde sus inicios, la Constitución de 1980 fue criticada por varios sectores opositores a la dictadura de Pinochet, al considerarla un elemento antidemocrático, redactada por la Comisión Ortúzar sin participación ciudadana, y que fue aprobada en un plebiscito que sus detractores consideran como "plagado de irregularidades". Si bien algunos sectores de la oposición decidieron aceptar la validez de la Constitución como parte de la realidad jurídica vigente necesaria para la transición a la democracia, otros mantuvieron la necesidad de la redacción de una Nueva Constitución en democracia.
En 2005, el gobierno de Ricardo Lagos logró aprobar una serie de reformas constitucionales que eliminaron la mayoría de los llamados «enclaves antidemocráticos» o «autoritarios» que mantenía la carta magna.[1] Las reformas, sin embargo, no acabaron con las demandas de un sector político de construir una nueva Constitución; por el contrario, durante la década de 2010 éstos aumentaron. Campañas como Marca AC levantaron el debate dentro de la opinión pública. En la elección presidencial de 2013, Michelle Bachelet planteó la necesidad de crear una nueva Constitución y, durante su segundo gobierno, inició un «proceso constituyente» que consistió en campañas de educación cívica y constitucional, seguido luego por diálogos ciudadanos y luego la entrega de unas bases ciudadanas para la nueva constitución. A pocos días de finalizar su mandato, en 2018, Bachelet envió al Congreso Nacional un proyecto para una Nueva Constitución. Sin embargo, el recién asumido gobierno de Sebastián Piñera rechazó continuar con el proyecto.
Producto de las protestas iniciadas en octubre de 2019 a lo largo de todo el país, la mayoría de los partidos políticos firmaron un acuerdo para la redacción de una Nueva Constitución Política. El 25 de octubre de 2020 se realizó un plebiscito nacional por el que la ciudadanía debía pronunciarse a favor o en contra de iniciar el proceso de elaboración de una nueva Constitución y, el mecanismo por el cual se redactaría, en este caso, Convención Mixta Constitucional (50 % de legisladores y 50 % de ciudadanos electos) o una Convención Constitucional (100 % de ciudadanos electos). En este plebiscito, la ciudadanía decidió por una amplia mayoría (78 %) elaborar una nueva Constitución. El órgano elegido para su redacción (79 %) fue una Convención Constitucional, la primera con paridad de género del mundo, y cuyos miembros fueron electos exclusivamente para este fin en mayo de 2021.[2]
Una vez redactado el nuevo texto, un plebiscito ratificatorio realizado el 4 de septiembre de 2022 definió que el texto propuesto por la Convención Constitucional fuera finalmente rechazado y se mantuviera la Carta Magna vigente. Sin embargo, el gobierno de Gabriel Boric aclaró de que el resultado del plebiscito no significa el fin del proceso constituyente.